El Consejo de la Ciudad de Austin aprobó la reactivación de un programa del departamento de policía para utilizar lectores de placas en vehículos policiales y en puntos fijos de la ciudad.
El consejo acordó este jueves un programa piloto de un año para restablecer los lectores, que escanean pasivamente las matrículas de los carros con la esperanza de ayudar a la policía a localizar vehículos robados, niños desaparecidos y personas que tienen órdenes de detención por delitos graves. La aprobación, en una votación de 8 a 3, puso fin a semanas de negociaciones sobre el programa, que según los opositores plantea problemas de privacidad.
Los lectores de placas toman millones de instantáneas de las mismas y las almacenan en una base de datos. Si las fuerzas del orden buscan un vehículo concreto -si un auto es robado o si una placa ha sido identificada en una Alerta Ámbar- se puede rastrear a través de lo que se ha llamado una lista caliente de vehículos sospechosos e, idealmente, detenerlos.
A los defensores de la privacidad les preocupa que esa base de datos pueda verse comprometida o utilizada de forma indebida. Argumentan que los lectores podrían utilizarse para rastrear a familias que buscan atención médica para sus hijos o personas que desean abortar, o para localizar a inmigrantes indocumentados. Los lectores son utilizados por otras agencias del orden en el área de Austin, incluyendo el Centro Regional de Inteligencia de Austin, un centro del Departamento de Seguridad Nacional que sirve como un centro de datos para la aplicación de la ley en el centro de Texas.
Las investigaciones han demostrado que las comunidades negras, latinas y de bajos ingresos se han visto afectadas de forma desproporcionada por el uso de estos dispositivos en algunas ciudades.
El concejal Chito Vela, que finalmente se opuso a la resolución, presionó para que el periodo de retención de los datos fuera de tres minutos, un plazo que ha sido respaldado por la Electronic Frontier Foundation, una organización nacional sin ánimo de lucro que defiende la privacidad digital, y que se utiliza en New Hampshire. El corto periodo de conservación impediría la creación de una base de datos en la que los agentes pudieran buscar.
"Los datos que no se pueden guardar no pueden ser objeto de abuso", dijo Vela.
El jefe de la policía de Austin (APD, por sus siglas en inglés), Joseph Chacon, argumentó que el periodo de retención de 30 días, que se adoptó, sería más útil para los investigadores con casos en los que se desconoce al sospechoso. Dijo que los agentes que utilizaron los dispositivos anteriormente no hicieron un mal uso de los datos, y se comprometió a seguir las directrices de la resolución, que exigiría una auditoría y controles trimestrales en el programa piloto de un año de duración.
"Me siento muy seguro de que lo haremos de forma correcta y podremos mostrar a la comunidad y al consejo que lo estamos utilizando de forma correcta", dijo. "Pero no me gustaría que no lo utilizáramos para resolver algunos de estos delitos realmente importantes que tenemos en marcha y utilizar realmente la tecnología para ayudar a mantener la seguridad de esta comunidad".
Antes de la votación, Kevin Welch, del capítulo de Austin de la Electronic Frontier Foundation, dijo que APD tendrá que entregar los datos a las autoridades federales o estatales, aunque la propia ciudad se haya comprometido a no perseguir los casos de personas que buscan un aborto o a cooperar con las investigaciones de inmigración.
"No hay nada que impida que uno de los otros organismos de seguridad de la zona que sí considera estas actividades como un delito intente procesar [a las personas] basándose en esos datos", dijo. "Se puede decir todo lo que se quiera sobre que la ciudad no va a perseguir [estos casos], pero si recibimos una petición legal de una agencia estatal o federal pidiendo esos datos, tenemos que entregarlos".
La resolución incluyó un marco para compartir datos con otras agencias, incluyendo una cláusula que indica que APD debe establecer un acuerdo y la agencia solicitante debe cumplir con las políticas de la ciudad de no perseguir a las personas que buscan abortos o investigar estatus migratorios. La resolución también requiere que APD documente cada instancia de intercambio de datos con la Oficina de Supervisión Policial. Sin embargo, el departamento podría verse obligado a entregar datos en virtud de una orden judicial.
El anterior programa de lectores de placas de vehículos funcionó desde 2016 hasta 2021, cuando el Consejo de la Ciudad de Austin suspendió el programa al reestructurar el departamento de policía a raíz de las muertes de George Floyd y Mike Ramos.
Bajo ese programa, APD compartió sus datos con más de 800 agencias de aplicación de la ley a través de la base de datos de un contratista, incluyendo el Servicio de Inmigración y Aduanas. En su punto máximo, los lectores de placas de APD escaneaban más de 20 millones de matrículas de vehículos en un año. La llamada tasa de aciertos del programa -cuando un escáner identifica un vehículo relacionado con un posible delito- fue del 0.13% en promedio en sus primeros cuatro años, según datos del Departamento de la Policía de Austin.
Vela y la concejala Mackenzie Kelly, que presentó por primera vez un plan para restablecer el programa en junio, negociaron la resolución durante semanas. Antes de la votación, Kelly dijo que esperaba que el programa sirviera de modelo para otras ciudades.
"Me siento realmente segura de que nuestra comunidad puede recuperar este programa y hacer que funcione correctamente", dijo.
