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Las adolescentes que quieren abortar sin permiso de sus padres necesitan el visto bueno de un tribunal. Eso es casi imposible ahora.

A crowd of people holding signs supporting abortion rights.
Patricia Lim for KUT
Un grupo de personas se manifiestan contra la nueva y estricta ley de aborto del estado, en el Capitolio el 2 de octubre.

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Muchas jóvenes que quieren abortar en Texas se enfrentan a barreras insuperables desde que entró en vigencia la prohibición estatal de realizar el procedimiento después de las seis semanas de gestación. Las menores que necesitan que un juez les conceda una autorización para eludir las estrictas leyes estatales de consentimiento paterno lo tienen especialmente difícil.

Jane's Due Process ayuda a las menores a conseguir ese bypass o salvoconducto judicial: una orden de un juez que les permita abortar sin el consentimiento de sus padres. La directora ejecutiva, Rosann Mariappuram, dijo que la mayoría de las jóvenes con los que trabajan tienen miedo a los abusos o a ser expulsados o al sistema de cuidados.

"La gran mayoría de los jóvenes implican a un padre o tutor cuando toman una decisión sobre el embarazo", dijo Mariappuram, "pero trabajamos con una población en la que tienen que mantener sus embarazos en privado debido a un riesgo [para su] seguridad".

La Ley 8 del Senado, que entró en vigencia el 1 de septiembre, prohíbe los abortos a partir de las seis semanas de embarazo. Según los investigadores del Proyecto de Evaluación de Políticas de Texas, de la Universidad de Texas en Austin, en el primer mes de vigencia de la ley se practicaron en Texas alrededor de un 50% menos de abortos que el año anterior.

En el caso de las jóvenes, dijo Mariappuram, el descenso fue mucho mayor: los abortos practicados en adolescentes se redujeron en un 70% en comparación con el año pasado. En el caso de las menores de 17 años, el descenso fue de un 90%.

Mariappuram dijo que la limitación de tiempo ha hecho que sea casi imposible para las jóvenes; las seis semanas transcurren mucho antes de que la mayoría se dé cuenta de que está embarazada.

"Muchas jóvenes ya han superado las seis semanas cuando acuden a nosotros en busca de ayuda", explica.

En ese momento, una de sus únicas opciones es salir del estado para someterse al procedimiento, lo que, según Mariapurram, no suele ser una opción. La mayoría de estas menores se ven obligadas a llevar a cabo un embarazo no deseado, dijo.

"Viajar fuera del estado simplemente no es una opción para muchas personas", dijo, “en especial para las jóvenes que tienen que mantener su embarazo de forma confidencial por su propia seguridad".

Además del reloj biológico contra el que corren Mariappuram y otros, también está la cuestión del tiempo que se necesita para pasar por los procedimientos judiciales que las jóvenes que buscan un salvoconducto judicial deben superar.

"El proceso para un bypass -desde que una adolescente llamaba a nuestra línea de atención hasta que recibía la atención del aborto- solía durar de dos a tres semanas", dijo. "Ahora intentamos hacerlo en un puñado de días".

Pero eso es, por supuesto, si la adolescente descubre el embarazo a tiempo; muchas no lo hacen.

Mariapurram dijo que desde que la ley entró en vigencia, el volumen de llamadas a Jane's ha caído en picada y el número de adolescentes a las que el personal puede ayudar realmente ha disminuido. Antes de la Ley 8, ayudaban a unas 30 adolescentes al mes. En el primer mes en que la ley entró en vigencia, dijo, ayudaron a "apenas un puñado" de personas.

Desde entonces, no ha habido un gran aumento en el número de adolescentes que han podido ayudar. Mariappurram dijo que han cambiado parte de su trabajo para repartir pruebas de embarazo gratuitas y anticonceptivos de emergencia. A finales del año pasado, Jane's triplicó el número de solicitudes de anticonceptivos de emergencia.

"Las adolescentes son increíblemente consideradas y se esfuerzan mucho por no quedar embarazadas", afirma.

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