La Corte Suprema de Estados Unidos mantendrá en suspenso hasta la próxima semana la controvertida ley de control de la inmigración de Texas, la Ley 4 del Senado (SB 4). La decisión se produjo el mismo día en que se presentó una nueva demanda para intentar detener la ley.
En una orden dictada el martes por la mañana, el juez Samuel Alito prorrogó la suspensión administrativa de la ley hasta el lunes a las 4 p.m., hora central. Estaba previsto que expirara el miércoles a menos que el Tribunal Supremo se pronunciara.
La ley permite a los agentes de policía locales y estatales detener a una persona de la que sospechen que se encuentra en Texas sin autorización y faculta a los jueces locales para ordenar a un inmigrante que regrese a México, independientemente de la nacionalidad de la persona.
La prórroga se produjo menos de 24 horas después de que el estado de Texas presentara su respuesta al alto tribunal, después de que el gobierno de Biden y una coalición de grupos de inmigrantes y de derechos civiles pidieran que la ley quedara en suspenso mientras el caso sigue su curso en los tribunales.
La Ley 4 del Senado fue aprobada a finales del año pasado por la Asamblea Legislativa de Texas e inicialmente estaba previsto que entrara en vigencia el 5 de marzo. Fue bloqueada temporalmente el 29 de febrero por el juez de distrito David Ezra, quien dictaminó que la ley es probablemente inconstitucional porque el gobierno federal tiene jurisdicción en materia de inmigración.
El Estado recurrió rápidamente la decisión de Ezra ante el Quinto Tribunal de Apelaciones, que ha programado la vista oral del caso para principios de abril. La cuestión ante el Tribunal Supremo de EEUU es si debe permitir que la ley entre en vigencia hasta que se resuelva el caso.
La demanda contra la ley SB 4 fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles de Texas y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas en nombre del Centro de Defensa de los Inmigrantes Las Américas, con sede en El Paso, American Gateways y el condado de El Paso. En ella se nombra como demandados al director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McCraw, y al fiscal de distrito del condado de El Paso, Bill Hicks.
Posteriormente, el Departamento de Justicia de EEUU presentó otra demanda y ambas se unificaron.
El Departamento de Justicia de EEUU dijo al alto tribunal que permitir que la ley entre en vigor pondría patas arriba un siglo y medio de política de inmigración que ha sido competencia del gobierno federal.
"En ausencia de la intervención de este Tribunal, la SB4 entrará en vigencia ... alterando profundamente el statu quo que ha existido entre Estados Unidos y los Estados en el contexto de la inmigración durante casi 150 años", escribió la procuradora general de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar. "Este Tribunal ha reconocido desde hace tiempo que la regulación de la entrada y expulsión de no ciudadanos está inseparablemente entrelazada con la conducción de las relaciones exteriores y, por lo tanto, corresponde 'únicamente al Gobierno Federal'".
La ACLU de Texas añadió en una presentación separada que permitir la entrada en vigencia de la SB4 afectaría negativamente a la capacidad del condado de El Paso de priorizar sus recursos para mantener la seguridad de los residentes.
“[El tribunal inferior] explicó que la SB4 perjudicaría las operaciones de aplicación de la ley del demandante en el condado de El Paso, y tendría el efecto "perverso" de remover a las víctimas de delitos al tiempo que obstaculizaría los esfuerzos para enjuiciar a los autores", señala la presentación.
En su presentación ante el Tribunal Supremo de EEUU el martes, la oficina del fiscal general de Texas dijo que Texas está en su derecho de aprobar y hacer cumplir la SB 4.
"En virtud de la legislación federal, los Estados gozan de amplia libertad para regular la conducta indebida de los extranjeros y perseguir los delitos relacionados con la entrada y expulsión ilegales. De hecho, el código federal de inmigración está repleto de cooperación estatal-federal", afirman los abogados del Estado en la respuesta. Reiteraron que Texas está siendo "invadida" a pesar de que Ezra había afirmado anteriormente que esa definición no se aplica a la situación actual.
"Este poder soberano está confirmado por la Cláusula de Invasión del Estado, que reconoce que los Estados pueden responder unilateralmente cuando son 'realmente invadidos'", argumenta el estado. "Según cualquier lectura plausible de esa disposición constitucional, la SB 4 puede aplicarse al menos en algunos casos y probablemente en muchos".
Una nueva demanda presentada el martes también pretende detener la nueva ley de Texas
Mientras se desarrolla el caso actual, se ha presentado otra demanda en un tribunal federal de Austin que también pretende detener la ley SB 4.
La organización Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF) y el National Immigration Law Center (NILC) informaron el martes que han presentado una demanda en nombre de cuatro inmigrantes y actuales residentes de Texas que podrían ser detenidos en virtud de la ley. La organización fronteriza sin fines de lucro La Unión del Pueblo Entero (LUPE) también es demandante.
La demanda alega que los cuatro demandantes y algunos miembros adicionales de LUPE tienen vías o solicitudes pendientes con la administración Biden que podrían concederles estatus legal y eventualmente la ciudadanía.
"Aun así, en virtud de la nueva ley de Texas, estas personas están sujetas a cargos penales estatales y a la orden de un juez estatal de que regresen al país desde el que entraron", afirma un comunicado de prensa en el que se anuncia la nueva demanda.
Entre los demandantes figuran dos inmigrantes que tienen solicitudes pendientes en virtud de la Ley sobre Violencia contra la Mujer, una que recibió el Estatus de Protección Temporal y otra a la que se concedió un visado especial denominado visado T. El visado T se concede a algunas víctimas de la violencia doméstica. El visado T se concede a algunas víctimas de la trata de seres humanos que han cooperado con las fuerzas del orden.
"La SB 4 impide además a los funcionarios federales tomen decisiones que son exclusivamente de su competencia y priva a las personas de los derechos y protecciones que ofrece el sistema federal de inmigración", afirma la demanda. La demanda nombra como demandados al gobernador de Texas, Greg Abbott, al fiscal general, Ken Paxton, y al director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McCraw.
Los fiscales de los condados de Bastrop, Harris, McLennan e Hidalgo también han sido nombrados como demandados, ya que los cuatro demandantes residen en esos condados.