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El fiscal del condado de Travis no perseguirá a las personas que busquen un aborto ni a los proveedores

A person in a crowd holds up a sign that says, "424,000 kids in foster care and you're worried about my body?"
Patricia Lim
/
KUT
Cientos de manifestantes se reunieron en el Parque del Barrio Panamericano para un Rally por la Libertad Reproductiva el domingo.

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El Fiscal de Distrito del Condado de Travis, José Garza, dijo que no utilizará los limitados recursos de su oficina para perseguir a las personas que buscan, proporcionan o apoyan los abortos.

"Aquí en el Condado de Travis, no vamos a obligar a las mujeres a estar en las sombras - especialmente cuando necesitan atención médica para salvar vidas", dijo en una conferencia de prensa este lunes. "Aquí, en el condado de Travis, no criminalizaremos las decisiones personales sobre el cuidado de la salud".

La sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos del viernes eliminó el derecho constitucional al aborto. En las próximas semanas, se espera que entre en vigencia en Texas una "ley de activación" que prohíbe todos los abortos, excepto en los casos en que la persona embarazada pueda morir o se enfrente a un "deterioro sustancial de una función corporal importante". No se han hecho excepciones para los casos de violación.

Garza dijo que amenazar con perseguir a las mujeres que busquen servicios de aborto hará que recurran a alternativas peligrosas y provocará mayores tasas de mortalidad materna. Dijo que eso no está en línea con el papel de un fiscal de distrito.

"La responsabilidad número uno de cualquier fiscal de distrito es mantener nuestra comunidad segura", dijo. "Nuestras comunidades son más seguras cuando las mujeres y las familias pueden tomar decisiones personales sobre el cuidado de la salud y la reproducción sin la amenaza de una interferencia del Estado".

Garza fue uno de los más de 80 fiscales elegidos en todo el país -entre ellos otros cuatro de Texas- que emitieron una declaración conjunta en la que dijeron que no utilizarían sus oficinas para criminalizar las decisiones de salud reproductiva. La declaración decía que aplicar la prohibición del aborto, entre otras cosas, erosionaría la confianza en el sistema judicial, restaría recursos para perseguir delitos graves y volvería a traumatizar a las víctimas de la violencia sexual.

Neva Fernández, la directora de la Unidad de Servicios a las Víctimas de la oficina del fiscal, dijo que esta dependencia ha visto a víctimas de tan sólo 10 años embarazadas por sus violadores. Dijo que mientras esa niña pudo conseguir un aborto seguro, muchas víctimas ya no podrán hacerlo.

"Las mujeres con medios (económicos) siempre podrán abortar", dijo Fernández. "Ellas o sus padres pagarán el billete de avión y recibirán la atención médica que necesitan. Las mujeres y las niñas que sufrirán embarazos forzados -y eso es lo que son, embarazos forzados- serán las que tengan menos recursos”.

Fernández dijo que el trauma de una violación puede prolongarse después del nacimiento del niño si la víctima se ve obligada a compartir la custodia del niño con su violador. Incluso pueden perder la custodia.

Garza imploró a quienes necesitan asistencia médica que la busquen, pero los proveedores, como Whole Woman's Health, ya han dejado de ofrecer servicios para abortar. El lunes, se unieron a otros proveedores de abortos en una demanda contra el estado de Texas por prohibir los abortos basándose en la ley anterior a Roe, que dicen que fue declarada inconstitucional.

Sangita Menon is a general assignment reporter for KUT. Got a tip? Email her at smenon@kut.org. Follow her on Twitter @sangitamenon.