Grupos de derechos civiles con sede en Texas presentaron el martes una demanda para detener una ley de inmigración que convertiría la entrada no autorizada en un delito estatal.
La demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Texas y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas para detener el proyecto de ley del Senado 4 (SB4, por sus siglas en inglés) se produce sólo un día después de que el gobernador Greg Abbott celebró una ceremonia de firma del proyecto de ley en Brownsville en respuesta a lo que él ha llamado la inacción federal en materia de seguridad fronteriza.
La legislación convierte la entrada no autorizada en un delito menor para la primera infracción, y las penas aumentan a un delito grave para las infracciones posteriores. El proyecto de ley también permite que un juez o magistrado local ordene el regreso de una persona a México, independientemente de su nacionalidad.
La demanda se presentó ante un tribunal federal de Austin en nombre del condado de El Paso, el Centro de Defensa de los Inmigrantes Las Américas, con sede en El Paso, y American Gateways, que tiene oficinas en Austin, San Antonio y Waco. Nombra como demandados al director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McCraw, y al fiscal de distrito del condado de El Paso, Bill Hicks.
"Demandamos para poder bloquear uno de los proyectos de ley antiinmigración más extremos del país", declaró en un comunicado Adriana Piñón, directora jurídica de la ACLU de Texas. "El proyecto de ley hace caso omiso de los principios constitucionales fundamentales y desprecia la ley federal de inmigración, al tiempo que perjudica a los tejanos, en particular a las comunidades mestizas y negras. Una y otra vez, los funcionarios electos de Texas han ignorado a sus electores y han optado en cambio por la retórica de la supremacía blanca y el encarcelamiento masivo".
La demanda era de esperar, ya que los opositores al proyecto de ley han argumentado durante todo el año que la aplicación de la ley de inmigración es responsabilidad exclusiva del gobierno federal.
"La ley SB4 crea un nuevo sistema estatal para regular la inmigración que elude por completo el sistema federal y entra en conflicto con él. Permite a los funcionarios estatales arrestar, detener y expulsar a personas de Estados Unidos", afirma la presentación. "Ordena la expulsión de quienes sean declarados culpables de los nuevos delitos estatales de entrada y reentrada ilegales, todo ello sin intervención alguna de los funcionarios federales".
Abbott admitió el lunes que la ley será impugnada, pero dijo que pensaba que sobreviviría. Si no, añadió, espera un enfrentamiento en el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
"Creemos que Texas ya tenía la autoridad constitucional para hacerlo", dijo.
El martes por la tarde, mantuvo su convicción de que los tribunales se pondrían del lado de Texas.
"El presidente [Joe] Biden se ha negado repetidamente a hacer cumplir las leyes federales de inmigración que ya están en vigencia y a hacer su trabajo para asegurar la frontera", dijo en un comunicado. "En su ausencia, Texas tiene la autoridad constitucional para asegurar nuestra frontera a través de leyes históricas como la SB4. Texas llevará esta lucha hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos si es necesario para proteger a los tejanos de las peligrosas políticas de fronteras abiertas del presidente Biden".
Si llega al Tribunal Supremo, la atención se centrará probablemente en si los jueces revisarán una decisión de 2012 en un caso de Arizona que confirmó la autoridad del Gobierno federal en materia de inmigración. Aunque el tribunal conservador revocó el año pasado el caso Roe vs. Wade, la histórica decisión de los años setenta que concedió a una persona el derecho a abortar, los expertos jurídicos afirman que la inmigración es una cuestión distinta.
Mientras que el aborto, el control de armas y la atención sanitaria son áreas que los estados pueden controlar, la inmigración está en una categoría diferente porque también implica la comunicación con gobiernos extranjeros, dijo el abogado de la ACLU de Texas David Donatti a The Texas Newsroom el mes pasado.
"El estado de Texas puede aprobar sus propias leyes sobre la comercialización de productos del tabaco, por ejemplo, sobre cómo regular Medicaid, sobre las leyes de tráfico", dijo. "Los controles de inmigración, la deportación absolutamente están fuera de esa ventana de lo que los estados suelen ser libres de legislar".
Esta historia ha sido actualizada con un comentario del gobernador Greg Abbott.
Traducido por Maria Arce
