El estado de Texas se ha enfrentado hoy en un tribunal federal al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a una coalición de grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes que argumentan que una nueva ley estatal de control fronterizo es inconstitucional.
La Ley 4 del Senado (SB 4, por sus siglas en inglés), aprobada por la Legislatura de Texas a finales del año pasado, autoriza a un juez o magistrado a ordenar a un inmigrante que regrese a México, independientemente de su nacionalidad. También convierte en delito estatal entrar en Texas desde México sin autorización. La medida fue promulgada por el gobernador Greg Abbott en diciembre y está previsto que entre en vigencia el 5 de marzo.
Tanto el Departamento de Justicia como una coalición de grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes presentaron demandas contra el estado, que fueron consolidadas y vistas en un tribunal federal por primera vez el jueves.
"La SB 4 es claramente inválida en virtud de los precedentes establecidos", dijo al tribunal Brian Boynton, principal ayudante adjunto del fiscal general.
Argumentando en nombre del Departamento de Justicia, Boynton dijo que la ley está en conflicto directo con la ley federal de inmigración. En parte, esto se debe a su disposición que faculta a los jueces magistrados a devolver a los inmigrantes a México.
Boynton dijo al juez federal David Ezra que esas órdenes, al igual que la deportación, son competencia del gobierno federal, no del estatal.
Pero Ryan Walters, jefe de litigios especiales de la Fiscalía General de Texas, argumentó que la medida no entra en conflicto con la autoridad federal.
"Las órdenes de retorno no son remociones. No están expulsando a la gente", dijo Walters.
Escepticismo por parte del juez
A lo largo de la vista, el juez Ezra presionó tanto al gobierno federal como al estado de Texas sobre sus argumentos.
Ezra, que fue nombrado en 1988 por el presidente republicano Ronald Reagan, se mostró escéptico con los argumentos del estado.
El juez criticó la forma en que la Legislatura de Texas redactó la ley y contraatacó, cuestionando al estado sobre la disposición de la ley que establece que "un tribunal no puede suspender el enjuiciamiento de un delito ... sobre la base de que está pendiente o se iniciará una determinación federal sobre el estatus migratorio del acusado".
Dijo que eso es contrario a la ley actual, que permite que el asilo sea una defensa contra los intentos de expulsión.
Pero el Estado argumentó que los migrantes tienen la "opción" de regresar a México. Si no eligen esa opción, serían procesados.
"No te expulsarán, sólo irás a la cárcel", dijo Ezra al estado.
El estado argumentó que era más seguro para los migrantes estar dentro de una prisión de Texas que regresar a sus países.
David Donatti, abogado senior de ACLU de Texas, dijo que el estado va a lamentar haber hecho esa declaración.
"La gran mayoría de las cárceles y prisiones de Texas ni siquiera tienen aire acondicionado y en Texas hace mucho calor", dijo Donatti a los periodistas tras la vista. "Creo que es una afirmación que ninguno de nosotros aceptaría para sí mismo".
Alegaciones del estado sobre la invasión
El juez Ezra y Walters pasaron gran parte de la audiencia hablando sobre el argumento del estado de que Texas está bajo una invasión y por eso es necesaria la SB 4.
"No he visto y el estado de Texas no puede señalarme ningún tipo de invasión militar en Texas", dijo Ezra.
El estado argumentó que los cárteles en la frontera operan como fuerzas paramilitares, y que el Departamento Militar de Texas es muy activo en los esfuerzos en la frontera. Walters dijo que la decisión del estado de poner alambre de púas a lo largo de la frontera de Texas, así como boyas en el río Grande, son parte de una función militar.
Ezra estuvo de acuerdo en que "Texas está definitivamente bajo presión" y reconoció el elevado número de cruces ilegales hacia Texas. Sin embargo, rechazó las caracterizaciones del estado, diciendo que no hay pruebas de que Texas esté en guerra.
La retórica de la "invasión" ha sido especialmente dañina para la comunidad de El Paso después de un tiroteo masivo allí en 2019.
Un supremacista blanco condujo a la ciudad fronteriza desde las afueras de Dallas para atacar a los compradores hispanos en un Walmart para rechazar lo que describió como una "invasión" de Texas.
Tras la audiencia, el comisionado del condado de El Paso, Sergio Coronado, recordó las consecuencias de abrazar ese lenguaje.
"La SB 4 es un intento inconstitucional de codificar la xenofobia y perpetuar falsas narrativas de una 'invasión' que tiene lugar en nuestras tierras fronterizas", dijo en un comunicado. "Nuestra comunidad de El Paso fue el blanco de un pistolero solitario que asesinó a 23 personas e hirió a otras 22 debido a este mismo lenguaje de 'recuperar nuestro país'".
De aplicarse la ley, los opositores dijeron que tendría grandes implicaciones en todo el estado. La legislación no sólo se aplica a los cruces fronterizos recientes, sino que hace que los inmigrantes indocumentados puedan ser detenidos en cualquier lugar del estado.
"La SB 4 tiene aplicación en todo el estado convirtiendo a todo inmigrante o a alguien que parezca o suene como inmigrante en un criminal potencial y sujeto a deportación estatal", dijo Kristin Etter, del Consejo Legal de Inmigración de Texas. "[Eso incluye] a los que ya están aquí y tienen permiso del gobierno federal para trabajar legalmente en nuestro estado".
Etter también advirtió a los propietarios de negocios de Texas que dependen de los trabajadores inmigrantes lo que la ley y otras similares harán a su reserva de mano de obra.
"Estas nuevas leyes vienen a por sus trabajadores, sus techadores, sus albañiles, sus camareros, sus vecinos y sus amigos para convertirlos en criminales y deportarlos", dijo.
Rachel Osier Lindley, de Texas Newsroom, contribuyó a este reportaje.
