Un juez federal emitió el viernes una orden judicial temporal contra las disposiciones de la nueva ley electoral de Texas que prohíben a los funcionarios públicos "solicitar" aplicaciones para votar por correo.
Los abogados que representan a los demandantes -incluyendo a la administradora electoral del condado de Harris, Isabel Longoria, y a Cathy Morgan, una registradora adjunta de votantes en el área de Austin- dicen que la ley, conocida como Proyecto de Ley del Senado 1 (SB 1), viola los derechos de libertad de expresión de sus clientes bajo la Primera Enmienda.
Longoria dijo al tribunal el viernes anterior que la disposición le impide "recomendar, aconsejar, instar" a los votantes a emitir un voto por correo, incluso si esos votantes están calificados para hacerlo.
El juez de distrito Xavier Rodríguez dijo en su fallo que "el interés público no se ve favorecido por la aplicación por parte de Texas... de una restricción a la expresión", que es un derecho fundamental protegido por la Constitución.
"Su discurso ha sido y sigue siendo enfriado", escribió, "y la necesidad de alivio es urgente, dada la rápida aproximación de la fecha límite para la solicitud de votos por correo".
La fecha límite para solicitar el voto por correo en Texas de cara a las primarias del 1 de marzo es el 18 de febrero.
Texas tiene uno de los programas de voto por correo más restrictivos del país; sólo pueden votar por correo los tejanos mayores de 65 años, los discapacitados, los que están fuera de la ciudad o los que están en la cárcel pero no han sido condenados por un delito.
Longoria dijo que los votantes a menudo hacen muchas preguntas sobre el voto por correo, pero debido a la SB 1, ella ha sido limitada en lo que puede decirles.
"Cuando se trata de votar por correo tengo que detenerme; tengo que ser muy cuidadosa con mis palabras", dijo. "A veces me detengo a mitad de frase en estos eventos y digo: 'La ley me impide decir mucho más'".
Durante varias partes de la audiencia en San Antonio, Rodríguez dijo que compartía la preocupación de que la ley pudiera impedir a los funcionarios hablar con los votantes sobre aspectos importantes del voto.
"Tiene un efecto escalofriante", dijo. "La gente tiene miedo de hablar porque no sabe cuándo va a chocar con esta vaga [disposición]".
Los abogados que representan a la oficina del fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijeron al tribunal que creían que no había una amenaza real de enjuiciamiento penal contra Longoria o Morgan.
Sin embargo, Longoria dijo que la oficina de Paxton tiene un historial de demandar a los funcionarios electorales locales, incluidos los funcionarios electorales en el condado de Harris, específicamente. Dijo que el "tenor" general de las discusiones sobre presuntos fraudes electorales de su oficina también han hecho que su oficina se preocupe.
"Creo que hay un mayor interés y escrutinio contra ... los funcionarios electorales por delitos electorales", dijo.
Si has encontrado valioso el reportaje anterior, por favor considera hacer una donación. Tu aportación paga todo lo que encuentres en KUT.org. Gracias por donar hoy.
Las traducciones de contenido selecto de KUT son posibles gracias al apoyo financiero de Texas Mutual Insurance Company, un proveedor de compensación de trabajadores.
