La polémica ley que tipifica como delito la entrada no autorizada en Texas se dirige ahora a la mesa del Gobernador Greg Abbott.
La Cámara de Representantes de Texas dio su aprobación final a la medida, el Proyecto de Ley del Senado 4 (SB 4, en inglés), el martes por la noche. La Cámara también aprobó otra medida para añadir más de 1,500 millones de dólares al presupuesto estatal para barreras físicas en la frontera con México.
Las acciones de los legisladores de la Cámara le dan al gobernador Greg Abbott al menos una victoria temporal después de que la Legislatura no pudo aprobar temas similares durante las sesiones anteriores a pesar de que el gobernador señaló los temas como una prioridad para su administración. Pero al menos una de las medidas probablemente se enfrentará a un desafío judicial debido a las preguntas sobre cómo el estado aplicará la ley ya que parece entrar en conflicto con los deberes del gobierno federal.
Las votaciones del martes se produjeron durante la cuarta sesión extraordinaria de la Legislatura de Texas, que comenzó la semana pasada.
Proyecto de Ley 4 del Senado
El proyecto de ley sobre la entrada ilegal, el SB 4, crea un nuevo delito estatal para la entrada no autorizada en Texas desde un país extranjero, un delito menor de clase B la primera vez que se cometa. El cargo se elevaría a delito grave en función de los antecedentes criminales del inmigrante, incluido si ha sido condenado por un cargo anterior de entrada ilegal. La ley también permite que un juez o magistrado del condado ordene la devolución del inmigrante a un puesto de entrada, pero sólo después de que se haya obtenido toda la información de identificación y se haya cotejado con las bases de datos estatales y federales.
El debate sobre el proyecto de ley reflejó anteriores batallas emprendidas por republicanos y demócratas en torno a la propuesta, a saber, si el proyecto de ley fomenta la elaboración de perfiles raciales, o si es constitucional dado que la legislación actual dicta que la aplicación de las leyes de inmigración corresponde en gran medida al gobierno federal.
"Es un proyecto de ley histórico que permite a Texas proteger a los tejanos".Representante estatal David Spiller, Republicano de Jacksboro
"El Proyecto de Ley 4 del Senado es la ley más amplia e invasiva que jamás haya cuestionado la naturaleza misma de nuestro poder federal y estatal. El poder de hacer cumplir las leyes de inmigración es incuestionable y exclusivamente un poder federal", dijo la representante estatal Victoria Neave Criado, demócrata de Dallas y presidenta del Grupo Legislativo México-Americano, al inicio del debate.
El representante estatal David Spiller, republicano de Jacksonboro, es el patrocinador del proyecto de ley en la Cámara de Representantes y defendió con vehemencia la legislación, afirmando que el estado de Texas está inherentemente en su derecho de defender y proteger sus propias fronteras.
"Es un proyecto de ley histórico que permite a Texas proteger a los tejanos y devolver a los inmigrantes ilegales, y perseguir y encarcelar a los que se niegan a irse", dijo.
Los demócratas dedicaron gran parte del debate del martes a analizar cómo el proyecto de ley se cruzará con el derecho de los inmigrantes a solicitar asilo, que es legal en virtud del derecho nacional e internacional, independientemente de cómo una persona entró en el país.
El representante estatal Joe Moody, demócrata de El Paso, propuso un texto que habría aplicado a la ley estatal la definición federal del término "extranjero", la etiqueta utilizada para designar a un inmigrante independientemente de su estatus. Moody dijo que era un intento de garantizar que los inmigrantes en el país con permiso no serían erróneamente procesados por el proyecto de ley. La enmienda no prosperó.
"El Proyecto de Ley 4 del Senado es la pieza legislativa más amplia e invasiva que jamás haya desafiado potencialmente la naturaleza misma de nuestro poder federal y estatal".Representante estatal Victoria Neave Criado, Demócrata de Dallas
Los demócratas también propusieron enmiendas que prohibirían la aplicación de la ley en los campus universitarios; reducirían las penas para las personas encarceladas en virtud de la ley; no se aplicarían a los niños menores de edad; no se aplicarían a las víctimas de trata u otros delitos que cooperen con las fuerzas del orden y soliciten un visado; y sólo permitirían la aplicación de la ley a los agentes del Departamento de Seguridad Pública del estado. Todas estas enmiendas no fueron aprobadas.
El representante Spiller también rechazó las enmiendas que habrían proporcionado más fondos para los gobiernos locales, cuyos líderes han declarado a los legisladores que sus presupuestos se verán enormemente afectados debido a los costos de encarcelamiento, enjuiciamiento y defensa de los inmigrantes eventualmente acusados en virtud del proyecto de ley.
"Todas las cárceles de los condados del estado de Texas podrían verse afectadas por la presencia ilegal de inmigrantes", declaró la semana pasada Larry Smith, sheriff del condado de Smith y presidente de la Asociación de Sheriffs de Texas, durante una audiencia del comité.
El Proyecto de Ley 4 del Senado se dirige ahora a la mesa del gobernador Abbott.
Se avecina un desafío legal
Los demócratas no han sido los únicos funcionarios que han cuestionado la constitucionalidad del SB 4. La semana pasada, un grupo de más de dos docenas de antiguos jueces de inmigración firmaron una declaración en la que advertían de que el proyecto de ley es ilegal. El grupo está compuesto por jueces que fueron nombrados por demócratas y republicanos y que sirvieron bajo su mandato.
"Nuestras políticas personales pueden variar, pero dedicamos nuestras carreras a la administración equitativa y justa de la ley federal de inmigración", escribieron. "La legislación propuesta en Texas, que permitiría a un juez magistrado de un tribunal estatal emitir una orden de expulsión, no es legal. La inmigración es claramente una función federal. Los legisladores estatales no pueden promulgar leyes de inmigración por las mismas razones que el Congreso de los Estados Unidos no puede promulgar la legislación del estado de Texas".
Los exjueces añadieron que el proyecto de ley "debería ofender a quienes atesoran nuestras protecciones constitucionales" y reiteraron que los inmigrantes, estén o no legalmente en el país, tienen derecho a ciertas protecciones y a solicitar asilo en Estados Unidos.
En 2012, el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló una ley de Arizona que pretendía ampliar las competencias estatales en materia de aplicación de la ley de inmigración. Pero algunos republicanos del estado han dicho que es hora de volver a examinar la cuestión dada la mayoría conservadora del alto tribunal.
La semana pasada, el senador estatal Brian Birdwell de Granbury fue el único republicano que votó en contra de la medida cuando se debatió en la Cámara alta. Birdwell es considerado uno de los miembros más conservadores en el cuerpo y llevó a cabo una versión similar a principios de este año. Pero Birdwell dijo que votar a favor de la versión actual violaría el juramento que hizo de defender la Constitución de EE.UU. y advirtió a sus colegas de los retos que aguardan al proyecto de ley.
"Miembros, consideremos cuidadosamente nuestras acciones", dijo.
Proyecto de Ley 3 del Senado
Con la bendición de la Cámara de Representantes de Texas, se destinarán más de 1,500 millones de dólares adicionales a la construcción de barreras fronterizas, que podrían incluir muros, vallas, alambres de concertina o boyas flotantes como la instalada en el condado de Maverick, actualmente bloqueada en los tribunales federales. La financiación prevista por el SB 3 se suma a los 5,100 millones de dólares que los legisladores ya votaron a favor de repartir para la seguridad fronteriza durante la sesión ordinaria de la Legislatura en mayo.
El proyecto de ley también proporciona 40 millones de dólares adicionales para los agentes del DPS de Texas que participan en la Operación Estrella Solitaria, una misión fronteriza dirigida por el estado e iniciada por el gobernador Abbott hace casi tres años. Pero el dinero también puede ir a las horas extraordinarias para los oficiales de DPS para patrullar una urbanización en expansión en el condado de Liberty llamado Colony Ridge. La zona se convirtió en parte del debate sobre la seguridad fronteriza después de que los medios de comunicación de derecha alegaron en redes sociales y artículos que el barrio era un semillero de actividad de los cárteles y la delincuencia. El vicegobernador Dan Patrick también visitó la urbanización y publicó un extenso comunicado en el que denunciaba la supuesta criminalidad que se estaba produciendo.
"Algunos informes afirman que Colony Ridge puede haberse convertido en un imán para personas de todo el mundo que no son ciudadanos estadounidenses. Con la administración Biden permitiendo que millones de personas crucen la frontera de Texas, muchos se preguntan si esta comunidad se va a convertir en su propio enclave con una población mayor que la de una ciudad de tamaño medio dentro del estado de Texas", escribió.
Sin embargo, durante las audiencias del comité sobre el SB 3, el director del DPS, Steve McCraw, dijo que la delincuencia era menor en esa zona en comparación con barrios comparables en Austin. Dijo que los informes de que Colony Ridge era una zona "prohibida" para la aplicación de la ley no eran ciertos.
Los 40 millones extra se añadieron a pesar de las afirmaciones de McCraw.
A diferencia de con el SB 4, los demócratas de la Cámara tuvieron un ligero éxito en el SB 3 y añadieron una enmienda. El lenguaje presentado por la representante Tracy King, demócrata de Uvalde, permite que algunos de los créditos realizados en el proyecto de ley para ir hacia las subvenciones a los gobiernos locales para ayudar con los costos de la persecución de los migrantes en virtud de la nueva legislación.
Los debates sobre los dos proyectos de ley se produjeron el mismo día en que la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras dio a conocer las estadísticas fronterizas de octubre, según las cuales los cruces no autorizados, unos 189,000 al mes, disminuyeron un 14% en comparación con septiembre. Esto se produjo después de un aumento de tres meses en las aprehensiones que continuó el récord de las mismas bajo la administración de Biden.
El Proyecto de Ley 3 del Senado volverá ahora al Senado de Texas, donde se debatirá si se acepta la enmienda King, mientras que el Proyecto de Ley 4 del Senado se dirige al gobernador, ya que la Cámara de Representantes aprobó la misma versión del proyecto de ley a la que el Senado de Texas le dio luz verde la semana pasada.
Traducido por Maria Arce
