El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) cumplió su promesa de demandar a Texas por una ley estatal de inmigración que la legislatura aprobó en noviembre.
La Ley 4 del Senado (SB 4, en inglés) tipifica como delito menor la primera entrada no autorizada, y las penas se elevan a delito grave en caso de infracciones posteriores. La ley también permite que un juez o magistrado local ordene el regreso de una persona a México, independientemente de su nacionalidad.
La ley es una clara violación de la Constitución de EE.UU., ya que desafía la autoridad exclusiva del gobierno federal sobre las leyes de inmigración, dijo el DOJ en un comunicado anunciando la demanda.
"La Constitución asigna al gobierno federal la autoridad para regular la inmigración y gestionar nuestras fronteras internacionales", dice el comunicado. "Debido a que la SB 4 está predeterminada por la ley federal y viola la Constitución de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia busca una declaración de que la SB 4 es inválida y una orden que prohíba preliminar y permanentemente al estado aplicar la ley".
La demanda se esperaba después de que el Departamento dijera la semana pasada que el gobernador Greg Abbott y el estado de Texas tenían hasta el miércoles para anunciar que no aplicarían la legislación, cuya entrada en vigencia está prevista para principios de mayo. En la demanda se nombra a Abbott y al director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McCraw, como demandados.
Abbott y los autores republicanos del proyecto de ley han dicho que creen que la ley es legal, añadiendo que era necesario ponerla en práctica debido a las políticas de "fronteras abiertas" del presidente Biden que han dado lugar a un número récord de cruces no autorizados bajo su mandato. Pero Abbott también dijo que está abierto a una larga batalla judicial que podría acabar ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
La demanda del gobierno federal es la segunda que impugna la ley. El mes pasado, la ACLU de Texas y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas presentaron una demanda en Austin en nombre del condado de El Paso, el Centro de Defensa de los Inmigrantes Las Américas, con sede en El Paso, y American Gateways, que tiene oficinas en Austin, San Antonio y Waco. Esa demanda también alega que el proyecto de ley es inconstitucional.
En caso de que el litigio llegue al alto tribunal, se espera que reavive el debate sobre una sentencia dictada en 2012 en un caso de Arizona que confirmó la autoridad del Gobierno federal en materia de inmigración. Aunque el tribunal conservador anuló el año pasado el caso Roe vs. Wade, la histórica decisión de los años setenta que concedió a una persona el derecho a abortar, los expertos jurídicos afirman que la inmigración es una cuestión aparte.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijo en un post en las redes sociales que su oficina estaba preparada para luchar contra ambas demandas en los tribunales y reiteró que cree que Texas tiene derecho a tomar cartas en el asunto.
"Al igual que estoy preparado para luchar contra la demanda interpuesta por la extremista ACLU y las organizaciones sin fines de lucro que se enriquecen gracias a la doctrina de fronteras abiertas del Gobierno federal, estoy preparado para luchar contra la Administración Biden, cuyo desastre migratorio está llevando a nuestro país a la ruina", publicó. "Texas tiene el derecho soberano de proteger nuestro estado".
La oficina de Abbott no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la demanda.
Traducido por Maria Arce
