Cuando una mujer de Texas fue detenida y encarcelada por autoinducirse un aborto en 2022, su nombre y foto de ficha policial se difundieron rápidamente por todo el mundo. Tres días después, el fiscal del condado de Starr retiró los cargos y fue disciplinado por haberlos presentado.
Pero para Lizelle Herrera, ahora Lizelle González, el daño ya estaba hecho. La "humillación de una acusación y una detención muy publicitadas" ha "afectado permanentemente a su posición en la comunidad", según una nueva demanda federal presentada el jueves.
González demanda a Gocha Allen Ramírez, fiscal del condado de Starr, y a Alexandria Lynn Barrera, fiscal adjunta, por más de un millón de dólares. Los fiscales suelen gozar de inmunidad de amplio alcance, pero la demanda alega que Ramírez y Barrera renunciaron a ella cuando emprendieron la investigación de este caso y engañaron al gran jurado.
En el condado de Starr, situado en el Valle del Río Grande, en el sur de Texas, viven unas 65,000 personas.
Esta acusación y el supuesto aborto se produjeron antes de la anulación del caso Roe contra Wade y de la prohibición casi total del aborto en el estado. En aquella época, el aborto en Texas estaba prohibido después de unas seis semanas de embarazo; González estaba embarazada de 19 semanas cuando acudió al Starr County Memorial Hospital tras haber tomado supuestamente un fármaco inductor del aborto.
Pero la ley de Texas, entonces y ahora, no permite presentar cargos de asesinato contra una persona embarazada que se somete a un aborto. No había motivos para acusar a González por interrumpir su propio embarazo, algo que Ramírez reconoció después de que González pasara dos noches en la cárcel.
Una investigación del Colegio de Abogados del Estado de Texas descubrió que Ramírez "trató de presentar cargos de homicidio criminal contra una persona por actos claramente no delictivos". Ramírez accedió a pagar una multa de 1,250 dólares y su licencia se mantendrá en suspensión condicional durante un año.
La oficina del fiscal de distrito no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. El viernes, Ramírez dijo a la agencia de noticias The Associated Press que aún no había sido notificado de la demanda y declinó hacer comentarios.
La presentación dice que González está demandando para reivindicar sus derechos constitucionales, y "para hacer responsables a los funcionarios del gobierno que los violaron".
Surgen nuevos detalles
Cuando González fue detenida por primera vez en abril de 2022, se hicieron públicos pocos detalles. Esta nueva demanda ofrece información adicional sobre la cronología de los acontecimientos que condujeron a su detención.
Según la demanda, González acudió por primera vez a la sala de urgencias del condado de Starr en enero de 2022. Estaba embarazada de 19 semanas y, según la demanda, había tomado Cytotec, también conocido como misoprostol, para supuestamente inducir un aborto.
Seguía registrando frecuencia cardiaca fetal, por lo que la enviaron a casa. Al día siguiente, volvió al hospital en ambulancia, quejándose de dolor abdominal y hemorragia vaginal. No había actividad cardiaca fetal y se le diagnosticó un "aborto espontáneo incompleto" antes de que diera a luz por cesárea al niño que había nacido muerto.
En algún momento entre esas visitas de enero y finales de marzo de 2022, según la demanda, los empleados del Starr County Memorial Hospital informaron a la Fiscalía del Condado de Starr sobre el intento de aborto de González. Las acusaciones fueron investigadas directamente por la oficina de Ramírez, no por el sheriff o el departamento de policía local, según la presentación.
Barrera y Ramírez llevaron entonces sus conclusiones ante un gran jurado. La demanda dice que "presentaron información falsa y tergiversaron imprudentemente los hechos para presentar cargos de asesinato contra el demandante por actos claramente no delictivos según el Código Penal de Texas".
González fue detenida por asesinato el 7 de abril de 2022 y llevada a la cárcel del condado de Starr bajo una fianza de 500,000 dólares. Su arresto fue noticia internacional y movilizó a activistas de todo el país, encabezados por organizadores en el Valle del Río Grande. La demanda dice que fue llevada al hospital mientras estaba encarcelada, aunque no dice por qué.
González quedó en libertad bajo fianza organizada por grupos de defensa nacionales. Tres días después de su detención, Ramírez retiró los cargos.
"Al revisar la legislación aplicable en Texas, queda claro que la Sra. Herrera no puede ni debe ser procesada por la acusación que se le imputa", dijo Ramírez en un comunicado de prensa en aquel momento.
Esto hizo poco para calmar la atención sobre el caso, dice la demanda.
"Como las acusaciones se referían al aborto -un tema político candente- la desestimación de los cargos no supuso una menor atención mediática", afirma. "Más bien, la atención de los medios aumentó tras la desestimación debido a que la acusación era frívola".
González pide más de un millón de dólares por la "privación de libertad, el daño a su reputación, la humillación pública, la angustia, el dolor y el sufrimiento" que experimentó como resultado de esta acusación. No se ha fijado fecha para la vista.
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