Proveedores del aborto en Texas anunciaron la semana pasada que han presentado una demanda federal en contra de una medida estatal que prohibe el aborto a las seis semanas del embarazo.
Este año, legisladores estatales aprobaron la iniciativa SB 8, que le prohíbe a los tejanos interrumpir un embarazo una vez que se haya detectado el latido del corazón de un embrión. Expertos han dicho que esto puede ocurrir en la sexta semana después de la fecundación, lo cual es antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas.
Activistas pro-aborto dicen que si la ley entra en efecto, eliminaría esencialmente el acceso al aborto en Texas.
Contrario a otras leyes en el país conocidas como “leyes del latido de corazón”, la medida en Texas no fue diseñada para ser aplicada por el estado. No hay penas criminales por infringir esta prohibición del aborto después de seis semanas; en vez, la ley permite que cualquier ciudadano privado demande a alguien que ayude a una mujer a proceder con la interrupción de un embarazo.
La ley SB 8 cuenta con un amplio criterio sobre quién puede estar involucrado en estas demandas. En términos prácticos, cualquiera (incluyendo a alguien que no conozca directamente a la mujer que esté obteniendo un aborto) puede demandar al médico que provea el procedimiento, así como a los enfermeros y al personal de la clínica.
La responsabilidad legal también se extendería a cualquier persona que dé apoyo, emocional o logístico a una mujer que obtenga un embarazo. Esto incluiría a familiares, miembros del clero y consejeros de víctimas de violación. Además, la ley haría responsable a quien meramente “intente” ayudar a una mujer que busca obtener un aborto después de seis semanas la fecundación.
Marc Hearron, litigante que representa a los demandantes en este caso, dijo que “nunca [antes] había visto una ley como esta”.
“Si esta ley entra en efecto, quienes están en contra del aborto podrían usar esta ley para demandar y acosar sin fin a las clínicas, lo cual consumiría su tiempo y recursos, y podría forzarlas a cerrar”, dijo.
Hearron dijo que la ley también podría intimidar a los amigos, familiares y redes de apoyo de alguien que esté buscando obtener un aborto, quienes podrían decidir no ayudar a la persona por miedo a ser demandados.
Amy Hagstrom Miller, presidenta y directora de Whole Woman’s Health, está encabezando la demanda en contra de la medida. Dice que los proveedores del aborto ya se encuentran bajo mucha presión.
“Nuestros equipos de personal y médicos están aterrados. Los equipos están nerviosos y muy preocupados”, dijo Hagstrom Miller.
Activistas también están preocupados porque será difícil demandar y ponerle un alto a la restricción, debido a que el estado no es quien haría uso de esta ley.
Según documentos de corte, los proveedores de abortos decidieron demandar a múltiples personas. Estos incluyen a todos los jueces estatales de primera instancia, las secretarías de condados en Texas, la Junta Médica de Texas, la Junta de Enfermeros de Texas, la Junta Farmaceútica de Texas, al Procurador General de Texas, Ken Paxton, y también a Mark Lee Dickson, director en el Este de Texas de Right to Life. Según los demandantes, este último “ya ha llamado abiertamente a que la gente demande a sus clínicas de aborto locales bajo la ley SB 8”.
La restricción está programada para entrar en efecto el 1 de septiembre.
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Traducido por Sebastián González de León.
