El gobernador de Texas, Greg Abbott, planteó la posibilidad de indultar a los agentes de policía de Austin acusados de agresión agravada durante las protestas de 2020 por la justicia racial y los asesinatos a manos de policías.
Abbott emitió un comunicado este miércoles en el que calificó de "farsa política" la investigación del fiscal de distrito del condado de Travis, José Garza, sobre los 19 agentes, y sugirió que podría utilizar sus poderes ejecutivos para indultarlos, si son declarados culpables.
Los agentes se enfrentan a cargos por delitos graves relacionados con el uso de la fuerza durante las protestas de mayo de 2020 frente a la sede del Departamento de la Policía de Austin (APD, por sus siglas en inglés) y en la I-35 en el centro de Austin. Dieciocho de los cargos están relacionados con las lesiones provocadas por el uso por parte de los agentes de balas de goma, calificadas como municiones "menos letales", es decir, bolsas de pellets de plomo disparadas con escopetas. En un caso, un agente disparó un proyectil con punta de espuma desde un lanzador de 40 mm.
En su declaración, Abbott dijo que la policía "debería ser elogiada... no procesada" y que muchos resultaron heridos durante las protestas de ese verano.
"El tiempo dirá si las acusaciones contra los valientes policías de Austin son una farsa política", dijo. "El tiempo también dirá si yo, como Gobernador, debo tomar medidas para exonerar a cualquier policía injustamente procesado".
El Código Penal de Texas permitiría a Abbott indultar a los agentes si fueran condenados, pero la medida tendría que ser aprobada por la Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado.
Los agentes fueron acusados por un gran jurado la semana pasada. Todos ellos se enfrentan a cargos de asalto agravado, que, según la ley estatal, se eleva a un delito de primer grado si el acusado es un oficial de policía en servicio.
Abbott también criticó los esfuerzos de Austin para reducir la financiación de la policía, un objetivo de los legisladores estatales el año pasado. Sugirió que la disminución de la financiación condujo a la tasa de homicidios más alta de la ciudad en 2021.
Mientras que el argumento de Abbott viene al tiempo con la recta final de una carrera electoral primaria disputada para la nominación republicana para el gobernador, no ha sido el primero en caracterizar la persecución del fiscal de distrito demócrata Garza de la policía como moticada políticamente.
Justin Berry, uno de los agentes acusados, se presenta como candidato a un escaño en la Cámara de Representantes de Texas que incluye zonas del oeste del condado de Travis. Poco después de ser fichado y puesto en libertad bajo fianza el viernes, calificó la investigación del fiscal Garza de "guerra continua contra la policía", añadiendo que fue absuelto por la unidad de investigaciones especiales del APD.
Los abogados que representan a Berry y a un puñado de otros oficiales acusados dijeron el lunes que tienen la intención de llevar los casos a un juicio con jurado.
La ciudad de Austin y el APD se enfrentan actualmente a 14 demandas civiles por el uso de las balas de goma, que hospitalizaron al menos a 19 personas durante un período de dos días en mayo de 2020. Los cirujanos de un centro de trauma de Austin a pocas cuadras al norte de las protestas dijeron que las municiones fracturaron los cráneos de los pacientes, penetraron en la cavidad torácica de un paciente y se alojaron en la mandíbula de otro.
El Consejo Municipal de Austin aprobó el jueves pasado un acuerdo de $8 millones con Justin Howelly otro de $2 millones con Anthony Evans, ambos gravemente heridos por la policía durante las protestas.
Garza dijo a los periodistas la semana pasada que la investigación de su oficina sobre el uso de estas balas "menos letales" está en curso.
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