ACTUALIZACIÓN: La ley de Texas que permite a la policía local detener a personas sospechosas de estar ilegalmente en el país fue bloqueada de nuevo tras una orden emitida a última hora de la noche del martes por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito.
Horas antes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos había permitido que la ley entrara en vigencia mientras se desarrollaba el caso judicial que la impugnaba, presentado por el gobierno de Biden y grupos de defensa de los inmigrantes. Pero un panel de tres jueces del Quinto Circuito decidió mantener en suspenso la aplicación de la ley.
El panel de la corte de apelaciones escuchó los argumentos el miércoles por la mañana sobre si mantenía la ley en suspenso mientras considera los desafíos legales.
La controvertida ley de inmigración de Texas, que permite a la policía local detener a inmigrantes indocumentados, puede entrar en vigor, según dictaminó el martes el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
La medida, la Ley 4 del Senado (SB 4), tipifica como delito estatal la entrada no autorizada en Texas. También permite a los jueces locales ordenar que un inmigrante acusado en virtud de la ley estatal regrese a México, independientemente de su lugar de origen.
Su aplicación fue bloqueada temporalmente el mes pasado por el juez de distrito David Ezra, después de que la administración Biden y grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes presentaran demandas alegando que la ley es discriminatoria e inconstitucional. El caso está en apelación, pero la decisión del Tribunal Supremo del martes denegó una petición para mantener bloqueada la ley mientras ese caso se desarrolla en el sistema judicial federal.
La demanda contra la SB 4 fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles de Texas y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas en nombre del Centro de Defensa de los Inmigrantes Las Américas, con sede en El Paso, American Gateways y el condado de El Paso. En ella se nombra como demandados al director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McCraw, y al fiscal de distrito del condado de El Paso, Bill Hicks.
Los grupos alegaron que la ley daría lugar a la elaboración de perfiles raciales de los tejanos en todo el estado.
Posteriormente, el Departamento de Justicia de EEUU interpuso otra demanda, y ambas se unificaron. Las demandas también alegaban que la ley era inconstitucional porque la aplicación de las leyes de inmigración es responsabilidad exclusiva del gobierno federal.
La batalla legal está lejos de terminar, ya que la decisión del martes permitía que la ley entre en vigencia -por ahora- mientras se resuelve el caso. En su opinión concurrente, la juez Amy Coney Barrett escribió que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, que tiene previsto ver el caso el próximo mes, no puso la ley en suspenso a la espera del resultado de su decisión.
"Por lo tanto, el Quinto Circuito aún no se ha pronunciado sobre si se justifica una suspensión en espera de la apelación. Esto coloca este caso en una situación procesal muy inusual", escribió. "Pero para el breve período de incertidumbre - es decir, el tiempo que tarda el tribunal en deliberar - el Quinto Circuito aparentemente llegó a la conclusión de que las consecuencias de prohibir erróneamente la aplicación de la S.B 4 serían peores que las de levantar erróneamente la medida cautelar".
En su opinión disidente, la jueza Sonia Sotomayor escribió que la ley causaría más estragos en un sistema de aplicación de la ley de inmigración con problemas.
"Texas aprobó una ley que regula directamente la entrada y expulsión de los no ciudadanos y explícitamente instruye a sus tribunales estatales a hacer caso omiso de cualquier procedimiento federal de inmigración en curso", escribió. "Esa ley trastorna el equilibrio de poder federal-estatal que ha existido durante más de un siglo, en el que el Gobierno nacional ha tenido autoridad exclusiva sobre la entrada y expulsión de no ciudadanos".
La Casa Blanca dijo que "discrepa fundamentalmente" con la decisión del martes.
"La SB 4 no sólo hará que las comunidades de Texas sean menos seguras, sino que también será una carga para las fuerzas del orden y sembrará el caos y la confusión en nuestra frontera sur. La SB 4 es sólo otro ejemplo de funcionarios republicanos politizando la frontera mientras bloquean soluciones reales".
La SB 4 fue aprobada a finales de 2023 como parte de un paquete prioritario de proyectos de ley de inmigración y seguridad fronteriza defendidos por el gobernador Greg Abbott y otros.
Abbott, el vicegobernador Dan Patrick y el fiscal general de Texas, Ken Paxton, afirmaron que la ley es necesaria debido a lo que, según ellos, son las políticas fronterizas del presidente Joe Biden las que han provocado un número récord de solicitantes de asilo que entran en Estados Unidos a través de Texas.
Paxton celebró inmediatamente la decisión en las redes sociales.
"ENORME VICTORIA: Texas ha derrotado las mociones de emergencia de la Administración Biden y la ACLU en el Tribunal Supremo. Nuestra ley de inmigración, SB 4, está ahora en vigencia. Como siempre, es un honor para mí defender a Texas y su soberanía, y llevarnos a la victoria en los tribunales", publicó.
Por su parte, grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes criticaron la decisión y aseguraron que seguirán luchando contra su legalidad.
"No estamos de acuerdo con la decisión del tribunal y la aplicación de esta ley antiinmigrante inconstitucional y extrema probablemente será desastrosa tanto para los tejanos como para nuestro sistema legal", dijo Adriana Piñón, directora legal de la ACLU de Texas. "La SB 4 amenaza nuestros derechos civiles y humanos más básicos como ciudadanos y no ciudadanos por igual y recomendamos a cualquier persona amenazada por esto, incluidas las personas que temen al perfil racial, que recuerden sus derechos. continuaremos nuestros esfuerzos para detener esta odiosa ley".
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