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Los legisladores vuelven a apuntar contra Austin Energy, pero ¿qué significa eso para tí y para mí?

An Austin Energy truck behind a truck with a bucket lifting someone up to power lines
Michael Minasi
/
KUT
Un equipo de Austin Energy retira ramas de las líneas eléctricas y repara cables en el sur de Austin tras una tormenta de hielo en febrero.

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Cuando una tormenta de hielo azotó Austin en febrero, derribando ramas de árboles y dejando a cientos de miles de personas sin electricidad, la representante estatal republicana Ellen Troxclair se apresuró a ofrecer una solución: una empresa privada.

"Romper el monopolio para permitir a los clientes de Austin Energy que elijan su proveedor de energía", tuiteó la exmiembro del Consejo de la Ciudad de Austin mientras continuaban los cortes. "Esto conduciría en última instancia a mejores servicios y tarifas y obligaría a una gestión más competente".

En los meses siguientes, los habitantes de Austin y el gobierno de la Ciudad se enzarzaron en un debate público a menudo polémico sobre cuestiones como el soterramiento de las líneas eléctricas, la revisión de políticas de poda de árboles y la mejora de la respuesta en caso de emergencias.

El administrador de la ciudad de Austin y la directora de Austin Energy dejaron sus cargos en medio del revuelo.

Durante ese mismo periodo, Troxclair y otros legisladores conservadores redactaron y presentaron una serie de proyectos de ley contra la empresa pública de la ciudad y, en general, contra la energía pública en Texas.

Las propuestas legislativas iban desde la reorganización de la estructura de gestión de Austin Energy hasta el posible desmantelamiento de la empresa, obligándola a vender parte de su infraestructura pública.

Los promotores de los proyectos de ley los han presentado como una forma de mejorar el servicio tras el apagón masivo. Pero muchos expertos advierten que ocurriría lo contrario. Dicen que las propuestas son parte de una larga campaña para debilitar y, en última instancia, privatizar la energía pública en Texas, lo que conduciría a facturas más altas y un servicio menos sensible.

Una vaca que hay que ordeñar

En lo que respecta a la forma en que la gente obtiene electricidad, Texas es una tierra de contrastes.

Alrededor del 85% de los tejanos -incluidos los residentes de Houston y Dallas- obtienen su energía de empresas llamadas "proveedores minoristas de electricidad". Estos minoristas actúan como intermediarios, comprando electricidad a las empresas que la generan y vendiendo los contratos a los consumidores con un margen de ganancias. Esa electricidad se transporta por líneas eléctricas propiedad de otra empresa de transmisión y distribución.

Todas estas empresas están reguladas por la Comisión de Servicios Públicos del Estado, y la empresa de transmisión y distribución funciona como un monopolio en las zonas a las que presta servicio. A pesar de ello, este sistema suele denominarse mercado minorista de electricidad desregulado.

El resto de los tejanos obtienen su energía según un modelo más antiguo y sencillo. Viven en lugares en los que una compañía eléctrica pública o controlada por los consumidores se encarga de todo. Esa empresa suele ser propietaria de todo, desde las centrales eléctricas hasta los postes y cables por los que circula la electricidad.

Los clientes de estas zonas -entre las que se incluyen Austin, San Antonio y regiones atendidas por cooperativas eléctricas rurales- son también los propietarios de la compañía eléctrica. No hay minoristas que les vendan energía, por lo que no pueden elegir a quién se la suministran.

El hecho de que las empresas de servicios públicos de Texas operen de estas dos maneras es el resultado de un compromiso político cuando Texas desreguló su mercado eléctrico en 1999. Y desde entonces, algunos partidarios de la desregulación han intentado disolver las empresas públicas de electricidad, a menudo con el apoyo de empresas privadas que podrían beneficiarse de la adquisición de nuevos clientes.

Karl Rábago, antiguo comisionado de Servicios Públicos de Texas y ejecutivo de Austin Energy, afirma que las empresas con ánimo de lucro llevan mucho tiempo queriendo controlar las infraestructuras energéticas de propiedad pública, un posible resultado del proyecto de ley 4211de la Cámara de Representantes de Troxclair.

"En el pasado [las empresas de transmisión y distribución] querían nuestro sistema de distribución porque es una vaca que pueden ordeñar regularmente", dijo Rábago, que ahora dirige el Pace Energy and Climate Center (Centro Pace de Energía y Clima) y trabaja como consultor. "¿Existe la posibilidad de que haya alguien por ahí que esté deseando más y diga: 'Quiero que el territorio de servicio se amplíe a Austin para poder captar un millón de clientes'? Claro que sí".

Rábago dijo que la privatización de la transmisión no se traduciría en tarifas más bajas, ya que la empresa de transmisión seguiría trabajando para maximizar los ganancias de los clientes, al tiempo que pagaría un importante impuesto de franquicia a la ciudad.

¿Quién manda?

No todas las propuestas presentadas en esta legislatura llegarían al extremo de obligar a Austin a vender parte de su infraestructura energética. Pero, según los opositores, muchas de ellas reducirían el poder de la ciudad para gestionar su propia empresa de servicios públicos.

El senador estatal Charles Schwertner y otros proponen proyectos de ley que impedirían a las empresas públicas de servicios públicos destinar parte de sus ganancias a gastos municipales como parques, bibliotecas y seguridad pública.

Schwertner afirma que la ley reduciría las tarifas. Los defensores de la energía pública dicen que elimina un beneficio clave de tener un sistema de propiedad de la ciudad.

"Todas las compañías eléctricas compensan a sus propietarios", dijo Mark Dumbrowski, subdirector general de Austin Energy, a un comité legislativo que revisa el proyecto de ley. "Los servicios públicos municipales hacen una transferencia de fondos generales a su ciudad [igual que] los servicios públicos propiedad de inversores pagan dividendos a sus accionistas".

El director de presupuesto de Austin afirma que ese proyecto de ley prácticamente garantizaría una suba de impuestos en las ciudades con empresas públicas de electricidad, ya que los gobiernos locales luchan por encontrar nuevas formas de financiar los programas.

Otro proyecto de ley, propuesto por Troxclair, trasladaría la gestión de Austin Energy del Consejo de la Ciudad de Austin a un consejo de expertos designados.

La ciudad ha considerado esta idea antes. Troxclair dice que conduciría a una gestión más competente de los servicios públicos. Los opositores dicen que debilitaría la participación ciudadana en asuntos como los programas de asequibilidad y la política de energías renovables.

Otro proyecto de ley, del senador estatal republicano Kelly Hancock, permitiría a pequeños grupos de clientes de Austin Energy protestar por sus facturas eléctricas ante la Comisión de Servicios Públicos del estado (PUC, por sus siglas en inglés), algo que, según los críticos y los representantes de la PUC, podría empantanar las operaciones de la empresa en trámites burocráticos.

En el corazón de muchas de estas propuestas está la idea de que la Comisión de Servicios Públicos de Texas, la agencia estatal que regula a los proveedores minoristas de electricidad, es un organismo de supervisión más receptivo y eficaz que los gobiernos locales.

Después de que el estado desregulara su mercado, "la Comisión de Servicios Públicos fue capaz de responder a los clientes que tenían tarifas demasiado altas o un servicio pésimo", dijo Troxclair en una entrevista con KUT antes de presentar sus proyectos de ley centrados en Austin Energy.

"Los clientes de Austin Energy no tienen nada de eso".

Otros no comparten una evaluación tan optimista de la trayectoria de la PUC cuando se trata de ayudar a los contribuyentes. Dicen que no está claro cómo la supervisión estatal habría preparado mejor a Austin para la tormenta de hielo del invierno.

Un reciente informe estatal sobre PUC describía un organismoexcesivamente dependiente de la industria (llamados "participantes en el mercado") a la hora de tomar "decisiones estratégicas que afectan a todo el estado".

"Los participantes en el mercado tienen intereses privados que proteger, que pueden estar reñidos con el interés público más amplio de proporcionar electricidad fiable a todos los tejanos", afirma el informe.

El mismo informe también señala que PUC tiene carencias en materia de comunicación pública, acceso público y transparencia. Los legisladores estatales están elaborando un plan que aborda algunos de los hallazgos, aunque no todos.

En Austin, incluso algunos de los que reconocen deficiencias en la preparación y respuesta de la ciudad a la gran tormenta de hielo dicen que preferirían que la supervisión de los servicios públicos siguiera siendo local.

"Sólo los grandes intereses económicos que pueden contratar abogados para intervenir en la [Comisión de Servicios Públicos] estarían dispuestos a hacerlo. No la gente normal y corriente", dijo Cyrus Reed, del Lone Star Chapter of the Sierra Club, en su testimonio en la Asamblea Legislativa contra el proyecto de ley de Hancock.

Reed forma parte de la Junta de Supervisión de Servicios Eléctricos de Austin y critica con frecuencia las políticas de Austin Energy.

El costo

Al final, gran parte del debate sobre el futuro de Austin Energy se reduce al grado de confianza de la gente en el mercado energético de Texas.

"Creo que el mercado competitivo suele aportar más responsabilidad y transparencia", afirma Troxclair.

Los opositores no están de acuerdo. Y advierten que la apertura de Austin a la competencia minorista traerá consigo casi con toda seguridad facturas de luz más altas.

Austin Energy ha subido recientemente sus tarifas eléctricas. Pero la empresa afirma que sus clientes siguen pagando, en promedio, entre un 17% y un 34% menos por kilovatio hora de energía que los clientes de zonas de Texas con desregulación eléctrica minorista.

"Creo que lo que ocurriría es que la cantidad que los ciudadanos de Austin pagan por su electricidad subiría lentamente para equilibrarse con el resto del mercado" si Austin perdiera su empresa pública, dijo Rábago.

Según Rábago, otra forma de ahorrar que tienen los clientes de Austin Energy es simplemente consumiendo menos energía, gracias a los programas de eficiencia energética, los incentivos y los descuentos. Estos programas no son tan frecuentes en el mercado minorista competitivo de Texas, que se nutre de vender más energía a más gente.

Austin Energy "ha aprovechado una inversión en eficiencia energética", dijo Rábago. "Eso es evidente para quienes quieren pasar decenas de miles de millones de dólares de sobrecosto a los consumidores de Texas".

Traducido por María Arce

Mose Buchele focuses on energy and environmental reporting at KUT. Got a tip? Email him at mbuchele@kut.org. Follow him on Twitter @mosebuchele.
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